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Transparencia para el Next Generation EU

Artículo publicado en la web: https://opengenerationeu.net/transparencia/

El fondo Next Generation EU es el mayor paquete de ayudas y rescates -subvenciones a fondo perdido y créditos- de la historia de España y de Europa.

Por eso, se deben gestionar con la mayor transparencia de la historia de España y de Europa.

Los fondos, que supondrán un desembolso de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, serán gestionados mediante un Real Decreto Ley que establecerá las normas, tiempos y requisitos para acceder a las ayudas. Pero en el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que aprueba medidas para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia apenas mencionan garantías de transparencia y acceso a la información.

La ‘urgencia’ aparece muchas veces en el texto legislativo.

Debido a la crisis sanitaria, económica y social, el Gobierno prioriza la ejecución rápida de las ayudas, pero la emergencia no debe ser una excusa para que estos 140.000 millones se otorguen de manera opaca y poco distribuida. Las garantías de transparencia establecidas por el ordenamiento español no son «cuellos de botella» que haya que eliminar, son una garantía fundamental de la gestión democrática de nuestros gobernantes.

Cuando empezó la pandemia, a inicios del 2020, todavía se arrastraban los estragos de la crisis del 2008.

Se siguen pagando a día de hoy las consecuencias de los anteriores rescates (recordemos el famoso rescate a Bankia, solo devuelto en un 14,7 %), que acabaron suponiendo austeridad y recortes de servicios públicos como la educación o la sanidad, más vitales si cabe en un contexto como el actual. Por ello, para que no vuelva a pasar, la ciudadanía debe tener pleno conocimiento de todo lo que suceda con estos fondos. El acceso a la información es un derecho constitucional que se debe respetar.

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Congresos

CIT 2021 Alicante

La VI edición del Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información se celebra en modalidad dual -presencial y online- gracias al soporte y coorganización de la Universidad de Alicante entre 27 y el 29 de septiembre de 2021.

Es el sexto año consecutivo que organizamos esta reunión internacional y queremos convertir esta edición en un primer paso para la vuelta a la normalidad post-COVID. No obstante, somos conscientes de las incertidumbres que todavía existen y de que no se puede bajar la guardia. Por este motivo, esta edición se celebrará en modalidad dual y se guardarán todas las precauciones y medidas de prevención del COVID para quienes opten por la modalidad presencial.

El Congreso centrará su atención, una vez más, en el intercambio de experiencias profesionales y reflexiones académicas sobre la transparencia y materias afines como la participación, la rendición de cuentas, la gestión pública responsable, la regulación de los lobbies y la integridad pública, entre otras.

El primer congreso se celebró en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2016 coincidiendo con el Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre). La primera edición se cerró con un balance más que positivo, debido a la confluencia de los principales expertos en la materia, más de 250 participantes y cerca de un centenar comunicaciones que se presentaron en los grupos de trabajo.

Se repitió el congreso en Madrid en septiembre de 2017 con una configuración similar y mejorando los datos de participación. Siempre recordaremos de esta edición una de las últimas intervenciones de Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la inauguración del Congreso junto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

Seguir leyendo en la web del congreso.

Sanciones

Se confirma la validez del Acuerdo aprobado por el…

Fuente: Página web de la GAIP (Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública)

El TSJC desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y confirma la validez del Acuerdo aprobado por el Pleno de la GAIP para requerir la incoación de un procedimiento sancionador a la rectora de la UAB, por incumplir la Resolución 259/2018, de 21 de septiembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso contencioso administrativo 84/2019 que la Universidad Autónoma de Barcelona presentó contra el Acuerdo 259/2018 / PS , para requerir la incoación de un procedimiento sancionador a la rectora de la UAB, después de que se incumpliera la Resolución 259/2018 , de 21 de septiembre, en relación con la Reclamación 252/2018, que obligaba la Universidad a entregar determinada información relativa a la ejecución del presupuesto de un grupo de investigación, ya informar a la GAIP de las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de la Resolución. El Tribunal confirma válida la composición de la Comisión y su competencia en relación con reclamaciones interpuestas contra Universidades, y declara ajustado a derecho el acuerdo recurrido.

Texto íntegro de la Sentencia 1585/2021.

Inspecciones

Instalaciones radioactivas, actas de inspección.

La supervisión y el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas se llevan a cabo a través de distintos mecanismos. El más directo se basa en las inspecciones que realizan el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o las comunidades autónomas con acuerdo de encomienda de funciones suscritos con el Consejo, que van orientadas a comprobar el cumplimiento de los requisitos específicos de seguridad y protección radiológica.

Las inspecciones permiten obtener la información necesaria para verificar la conformidad con la legislación vigente aplicable, las instrucciones del CSN y las condiciones específicas impuestas en las autorizaciones, licencias o permisos reglamentarios. La actividad inspectora la realiza personal facultado y acreditado oficialmente por el Consejo para ello. Los resultados de las inspecciones se reflejan en un documento único denominado Acta de Inspección. Este acta tiene la consideración de documento público y podrá ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica.

Cada tipo de instalación radiactiva ya sea del ciclo del combustible o con fines médicos industriales o de investigación y docencia, tiene su correspondiente programa de inspección anual para supervisar los aspectos relativos a la seguridad y a la protección radiológica de las mismas.

Precisamente, por la ausencia de la publicación de estas actas que afectan a un complejo industrial de la Aljorra en Cartagena, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, Ecologistas en Acción ha tenido que acudir en amparo del Consejo de Transparencia ante la negativa de la Administración de facilitarles dicha información.

Recomendamos la lectura de la resolución R-026.2020 del CTRM.

Doctrina

El interés meramente particular no es un límite para…

Por su importancia en las resoluciones que tramita el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que persiguen un interés privado o particular, y es necesario conocer la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 12/11/2020 (Recurso de Casación nº 5239/2019), que establece DOCTRINA sobre el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LÍMITES Y CAUSAS DE INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES.

El CTRM debe ser riguroso en el cumpliendo la doctrina del Tribunal Supremo, observando estas 5 conclusiones sobre los límites al derecho de acceso y causas de inadmisión para desestimar por abusivas las solicitudes de información que persiguen un interés privado o particular:

La delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven.
En el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, no se hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud.
La falta de justificación o motivación no puede, por si sola, fundar la desestimación de la solicitud, de lo que se sigue que la expresión en la solicitud de una justificación basada en intereses “meramente privados”, tampoco puede por si sola ser causa del rechazo de la solicitud.
No puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”.

Las cuestiones que según la sentencia del Tribunal supremo presentan interés casacional, son las siguientes:

1.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública o, en los términos del artículo 105.2 CE, el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceder a los archivos y registros administrativos, se regula por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según reconoce de forma expresa el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Los artículos 14 y 18 de la Ley 19/2013 se refieren a los supuestos distintos de -respectivamente- límites al derecho de acceso y causas de inadmisión de la solicitud de acceso a la información. En el caso de los límites, la propia Ley 19/2013 contempla supuestos distintos a los enumerados en el artículo 14, como los derivados de la protección de datos personales a que se refiere el artículo 15, todo ello sin perjuicio de las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública que detalla la disposición adicional primera. Respecto de las causas de inadmisión del artículo 18, entre las mismas no se incluye la persecución de un interés meramente privado, y la atención a la finalidad de la norma opera como causa de inadmisión de la solicitud, de acuerdo con el artículo 18.1.e), en los supuestos de solicitudes en las que concurran los requisitos de presentar un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

A Favor: ADMINISTRADO.

En Contra: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Fuente: Reflexiones sobre el tema extraídas del blog de Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Ángel Blanes

Sanciones

La incoación del procedimiento sancionador

La sala de lo contencioso-administrativo sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado el pasado 26 de octubre de dos mil veinte, la sentencia n° 4293/2020, ante el recurso n° 95/2018, interpuesto por el Ayuntamiento de LLEIDA, contra la COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP).

ANTECEDENTES

La COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP) adoptó un acuerdo el 4 de enero de 2018 por el que se le solicitaba la incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la orden de ejecución de la resolución 112/2017 de 20 de abril.

La información solicitada a la que se refería la Reclamación 57/2017, era fundamentalmente de carácter económico y administrativo, y afectaba a la Compañía de Aguas de Lleida, desde el año 1994 hasta la actualidad. se solicitaba:

«1. Copia de las certificaciones de todas las inversiones realizadas por la concesionaria desde el año 1994, con el coste real de cada obra y la descripción técnica de la obra realizada. Dado que las inversiones realizadas por la compañía Aguas Lleida las cobra en diferido en el tiempo, y que según consta el importe pendiente es considerable, hay que suponer que la compañía ha recurrido al financiación propia o ajena. Ya que evidentemente estas cantidades han repercutido en el coste del servicio y en el [retraso] de las amortizaciones […] solicitamos: [2.] Copia de los contratos con terceros, por los financiados desde el año 1994, interés contratado , duración de la deuda, la deuda amortizada, deuda pendiente actualmente e intereses pagados, desde 1994 «.

2º. La información solicitada por la Reclamación 58/2017: «1. Copia de las comunicaciones trimestrales de las cantidades liquidadas y cobradas por los conceptos estipulados en el artículo 24 del pliego de condiciones presentadas en este Ayuntamiento desde el año 1994, en cumplimiento de la cláusula 25, apartado 1 del contrato. 2. Copia de los justificantes de las cantidades percibidas desde 1994 en concepto de incremento de la tarifa de saneamiento ingresada por la concesionaria a la Junta de Saneamiento (clausula 25, apartado 3).

3. Copia del resumen anual presentado por la concesionaria al Ayuntamiento de todas las liquidaciones trimestrales, con toda la información adicional y las memorias estipuladas en los apartados 1 y 2 de la cláusula 26 del contrato.

4. Copia de las justificaciones de las cantidades cobradas por amortización de las inversiones realizadas desde el año 1994 (cláusula 29, apartado 1.d, 1.f y apartado 3).

5. Copia del Decretos de autorización de la repercusión en el precio del agua para amortizar las inversiones en cumplimiento de la cláusula 29, apartado 1.d, 1.f y apartado 3″.

Dicha resolución fue notificada al Ayuntamiento de Lleida en fecha 21 de abril de 2017.

En fecha 30 de junio de 2017 y después de constatarse por la GAIP que no se había facilitado toda la referida documentación se formuló el correspondiente requerimiento de ejecución de la resolución en el siguiente sentido:

“Proveer inmediatamente la información, en caso de que no lo hayáis hecho aún, con la advertencia de que no hacerlo dentro del plazo o formato ordenado por la Comisión puede constituir un impedimento u obstaculización deliberado del acceso a la información y derivar en las responsabilidades asociadas a la infracción tipificada como muy grave por el artículo 77.2.b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. «- Informar con carácter inmediato la Comisión de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución de la Resolución. Debe saber que, de lo contrario, se hará difusión pública desde la web de la GAIP ( www.gaip.cat ) del incumplimiento «.

Dicho requerimiento fue notificado al Ayuntamiento de Lleida en fecha 3 de julio de 2017 y no consta que con posterioridad haya facilitado documentación alguna.

El recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lleida considera que la resolución recurrida no es ajustada a derecho por cuanto entiende que la GAIP no tiene competencia para requerir al Ayuntamiento para que incoe un procedimiento sancionador, así como que el Ayuntamiento de Lleida no ha cometido la infracción muy grave imputada ya que facilitó toda la documentación requerida, por lo que solicita la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.

La sentencia deja bien claro que la desatención de los requerimientos de la Comisión puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A este efecto, la Comisión puede poner estos hechos en conocimiento de los órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a que hace referencia el artículo 86 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Es más, la sala advierte de la GAIP no imputa al Ayuntamiento de Lleida como recurrente la comisión de infracción alguna, sino que se ponen en su conocimiento unos hechos que podrían constituir una infracción, para que incoe el oportuno expediente sancionador y se diriman en el mismo las posibles responsabilidades, puesto que el mismo ayuntamiento reconoce que la información facilitada con anterioridad al requerimiento, era incompleta puesto que con posterioridad al mismo se ha facilitado nueva documentación en fechas 11.1.2018 y 24.1.2018, lo cual evidencia la desatención a dicho requerimiento, sin perjuicio de que tal conducta pueda valorarse en el correspondiente expediente cuya incoación se solicita.

Quedando por tanto el recurso presentado por el Ayuntamiento de Lleida desestimado.

EL FALLO DE LA SALA

1.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE LLEIDA contra la resolución de la COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP) de fecha 15 de febrero de 2018 que rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Lleida contra el acuerdo de 4 de enero de 2018 por el que se le solicitaba la incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la orden de ejecución de la resolución 112/2017 de 20 de abril.

2.- IMPONER a la parte actora las costas del presente procedimiento con un límite máximo, por todos los conceptos de 3.000 euros.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.

Texto de la sentencia STSJ CAT 4293/2020

Transparencia

IT Región de Murcia

Avance del proceso.

Concluida la 3ª prorroga que de forma extraordinaria amplió el plazo previsto para rendir la información anual de la transparencia de las instituciones y entidades públicas de la C.A. de la Región de Murcia, a través del Índice de Transparencia de la Región de Murcia (IT-Región de Murcia), es oportuno rendir cuentas del estado general del proceso:

Un total de 47 entidades han realizado la autoevaluación entre el periodo voluntario y las diferentes prorrogas para efectuar la misma. Por entidades el desglose es el siguiente:

25 Ayuntamientos de la Región de Murcia:
- Ayuntamiento de ALGUAZAS.
- Ayuntamiento de YECLA.
- Ayuntamiento de MOLINA DE SEGURA.
- Ayuntamiento de CARTAGENA.
- Ayuntamiento de ALCANTARILLA.
- Ayuntamiento de ÁGUILAS.
- Ayuntamiento de LAS TORRES DE COTILLAS.
- Ayuntamiento de TORRE PACHECO.
- Ayuntamiento de MULA.
- Ayuntamiento de CARAVACA.
- Ayuntamiento de CEHEGÍN.
- Ayuntamiento de LORCA.
- Ayuntamiento de VILLANUEVA DEL SEGURA.
- Ayuntamiento de TOTANA.
- Ayuntamiento de MURCIA.
- Ayuntamiento de SAN PEDRO DEL PINATAR.
- Ayuntamiento de LA UNIÓN.
- Ayuntamiento de SANTOMERA.
- Ayuntamiento de CAMPOS DEL RÍO.
- Ayuntamiento de LOS ALCAZARES.
- Ayuntamiento de BULLAS.
- Ayuntamiento de BLANCA.
- Ayuntamiento de CALASPARRA.
- Ayuntamiento de BENIEL.
- Ayuntamiento de RICOTE.
1 La Comunidad Autónoma al completo con todas sus entidades.
3 Consorcios de la C.A. :
- Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia.
- Consorcio Extinción Incendios y Salvamento (CEIS).
- Consorcio Gestión de Residuos Sólidos (COGERSOL).
2 Corporaciones de derecho público:
- Colegio de Abogados de Murcia.
- Colegio oficial de Médicos.
4 Entidades públicas empresariales de la C.A.:
- Servicio Murciano de Salud (SMS).
- Instituto de Fomento (INFO).
- Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF).
- Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR).
2 Fundaciones de la C.A.:
- Fundación para Formación e Investigación Sanitaria (FFIS).
- Fundación Integra(FI).
4 Organismos autónomos de la C.A.:
- Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
- Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
- Agencia Tributaria.
- Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).
4 Sociedades mercantiles de la C.A.:
- Cartagena Alta Velocidad, SA.
- Murcia Alta Velocidad, SA.
- Región de Murcia Deportes S.A.U.
- S.A. de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA).
2 Universidades:
- Universidad de Murcia (UMU).
- Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Por periodos, 26 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo voluntario:

Periodo voluntario
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	04/02/2021
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	12/02/2021
Universidad de Murcia	15/02/2021
FUNDACIÓN PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA (FFIS)	15/02/2021
Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia	16/02/2021
AYUNTAMIENTO DE YECLA	17/02/2021
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	17/02/2021
COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA	17/02/2021
SERVICIO MURCIANO DE SALUD	17/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	17/02/2021
Universidad Politécnica de Cartagena	17/02/2021
Instituto de Fomento (INFO)	18/02/2021
CARTAGENA ALTA VELOCIDAD, SA	18/02/2021
MURCIA ALTA VELOCIDAD, SA	18/02/2021
Fundación Integra(FI)	18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA	18/02/2021
Boletín Oficial de la Región de Murcia	18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	18/02/2021
Consorcio Extinción Incendios y Salvamento (CEIS)	18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS	18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	18/02/2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	18/02/2021
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS	18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE MULA	18/02/2021
Agencia Tributaria	18/02/2021
REGIÓN DE MURCIA DEPORTES S.A.U.	18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARAVACA	18/02/2021

9 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo de la 1ª prorroga:

1ª PRÓRROGA
AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN	22/02/2021
Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF)	24/02/2021
S.A. DE PROMOCION Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA)	24/02/2021
AYUNTAMIENTO DE LORCA	25/02/2021
ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR)	25/02/2021
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL SEGURA	26/02/2021
AYUNTAMIENTO DE TOTANA	26/02/2021
Consorcio Gestión de Residuos Sólidos (COGERSOL)	26/02/2021
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	26/02/2021

5 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo de la 2ª prorroga:

2ª PRÓRROGA
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR	01/03/2021
Servicio Regional de Empleo y Formación-SEF	04/03/2021
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	10/03/2021
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA	12/03/2021
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	15/03/2021

6 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo de la 3ª prorroga:

3ª prorroga
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES	29/03/2021
AYUNTAMIENTO DE BULLAS	30/03/2021
AYUNTAMIENTO DE BLANCA	31/03/2021
AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA	31/03/2021
AYUNTAMIENTO DE BENIEL	31/03/2021
AYUNTAMIENTO DE RICOTE	01/04/2021

Con estos resultados ahora se inicia el proceso de verificación de la información por parte del Consejo de la Transparencia, y desde el mismo agradecemos el trabajo realizado por todos los que han participado en este proceso, que sin duda marcha un hito en la rendición de cuentas de las administraciones públicas en la Región de Murcia.

Datos actualizados el 01/05/2021

Criterio interpretativo

Criterio Interpretativo C.005/2020

En la última sesión del pleno del Consejo de la Transparencia celebrada el pasado día 14 de septiembre, se aprobó el CRITERIO INTERPRETATIVO C.005/2020, sobre la competencia del CTRM para conocer y resolver reclamaciones en materia de acceso a la información pública, cuando se refieran a resoluciones expresas o presuntas, dictadas por las entidades locales de la Región de Murcia o entidades o instituciones de sus respectivos sectores públicos, así como para el control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de información mediante publicidad activa a través de sus respectivos portales de transparencia, así como su seguimiento y evaluación.

Pulse aquí para ver el texto íntegro del acuerdo.