El acceso a información pública en prorrogas de puertos

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), estima la reclamación presentada sobre el acceso a la documentación solicitada a la entidad pública «Puertos de la Generalitat», en el expediente relativo a la prórroga de la concesión del Puerto de Aiguadolç, de Sitges. La entidad reclamada NO facilita el Plan Económico Financiero (PEF) de la concesión, exponiendo distintos motivos para justificar su denegación.

La controversia se centra sobre si la entidad reclamada puede calificar el Plan Económico Financiero (PEF) de la concesión, como de información de cariz privado, que pertenece a la esfera privada de la sociedad, porque el PEF controvertido no es la información de viabilidad económica, de previsiones de ingresos y gastos, de una empresa privada, sino el PEF de la concesión de la explotación del Puerto de Aiguadolç de Sitges, que, como cualquier otra concesión, es un título jurídico de naturaleza administrativa y, por lo tanto, de carácter público. La concesión de un puerto pone al alcance de una empresa privada el aprovechamiento y explotación de un bien de dominio público, como es el litoral; partiendo de esta base, está claro que el negocio de la concesión, al margen del negocio general de la empresa concesionaria, es tributario del dominio público sin el cual no se habría podido establecer, dominio público que, además, se pone a la disposición del concesionario con carácter de exclusividad (uso privativo), con exclusión de los otros usos, privativos o comunes, que se pudieran plantear en la misma porción del litoral.

También es discutible que la difusión de la información solicitada perjudique la libertad de empresa y la competencia, porque se tiene que tener en cuenta que el PEF reclamado es el de una prórroga de la concesión, prórroga que no está sujeta a un procedimiento de concurrencia pública, por lo que la difusión de esta información podría perjudicar la empresa afectada ante las competidoras, sino que únicamente esté en el acceso del concesionario, que con la prórroga ejerce una iniciativa privilegiada, de la que están excluidas las eventuales competidoras y, por lo tanto, en relación con la cual los principios afectados de libertad de empresa y competencia leal entre las empresas más bien propugnarían la difusión del PEF de la concesión (prorrogada), que su confidencialidad. . Efectivamente, únicamente el concesionario puede pedir la prórroga de la concesión, sin competencia con ninguna otra empresa, que puede ser autorizada si se dan determinadas circunstancias, después de que la Administración haya valorado la conveniencia (artículo 53 de la Ley 10/2019, de Puertos). En definitiva, la prórroga de la cual se pide el PEF es una actividad económica reservada con exclusiva a la empresa titular de la concesión y que se otorga en base a una amplia discrecionalidad administrativa. Poco que ver con los principios invocados de la libertad de empresa y el derecho de la competencia.

Ver el texto de la resolución.