Blog

IRIS

IRIS IV Edición

El pasado martes 19 de octubre tuvo lugar la entrega de los IV Premios del Proyecto IRIS Educar en la Transparencia y el Buen Gobierno, que se conceden a estudiantes de Filosofía de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la Región de Murcia.

El acto se celebró en el Salón de Actos del Edificio Luis Vives, en Campus de Espinardo de la UMU, y contó con la presencia del vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia de la UMU, Longinos Marín; Santiago Álvarez, en representación del Presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia; Elena García Quiñones, Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública; Francisca Pérez Carreño, decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia; María Teresa Franco Martínez, Concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia; y María José Campillo Meseguer, miembro del Proyecto IRIS.

Se trata de la IV edición de este proyecto, que fue iniciativa del recientemente desaparecido José Molina, primer presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. En el Proyecto IRIS participan profesores de varias facultades de la UMU (Filosofía, Educación, Derecho, Trabajo Social, Biblioteconomía y Documentación), docentes de Educación Secundaria, trabajadores de instituciones como el Ayuntamiento de Murcia y organizaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos (CEPAIM).

Los premiados en la modalidad DISERTACIÓN han sido:

1.º Óscar Castro López, del Centro Educativo San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar), con la disertación “Transparencia y participación”.

2.º Alejandro Nicolás Navarro, del Instituto de Educación Secundaria Aljada (Puente Tocinos), con la disertación “Transparencia y participación”

3.º Alejandro López Gómez, del Centro Educativo San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar), con la disertación “Transparencia y participación”.

En la modalidad VIDEO:

. Exaequo a Laura Alcaraz Conesa, Paloma Garrido López, Paula Bustamente Dieste y María del Carmen Calderón Lorente por el video “Aporofobia”, y Manuela Yelo Álvarez, Paula Padilla Muñoz y Victoria Más Pérez por el video “Mar Menor”, ambos grupos pertenecientes al Colegio “La Sagrada Familia” de Cartagena.

Desde el Consejo de Transparencia, la SFRM y el programa Iris de la Universidad de Murcia queremos señalar la calidad de todas las propuestas recibidas y agradecer a los participantes –alumnado y profesorado–, el esfuerzo realizado en circunstancias tan especiales como las que hemos atravesado este año.

Evaluación

Fin de las alegaciones

Finalizado el periodo de ALEGACIONES al informe provisional de IT-Región de Murcia.

Veinticuatro han sido las entidades autoevaluadas para han presentado alegaciones al informe provisional, para aclarar las objeciones planteadas a la información rendida.

A partir de este momento, por parte del Consejo, se procederá a la revisión de las alegaciones, culminando el proceso con la emisión del Informe Definitivo del proceso de evaluación, que será llevado al Pleno del CTRM para su aprobación.

Fecha de actualización de los datos 01-10-2021 a las 10:30 horas.

Red Comisionados

Declaración de Alicante de la Red de Consejos y…

DECLARACIÓN DE ALICANTE DE LA RED DE CONSEJOS Y COMISIONADOS DE LA TRANSPARENCIA 

Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.

Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.

Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.

Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.

Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.

Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.

En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.

En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.

Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.

Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.

En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.

Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.

Esta pandemia ha traído consigo una serie  de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.

La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.

Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.

De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.

Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.

Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.

En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.

Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y  caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.

El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.

Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.

Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.

Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.

De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.

Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.

Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.

Confiamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación y el apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y de las personalidades, asociaciones y organizaciones civiles activas en materia de transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.

Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración y por su apoyo a las peticiones, consideraciones y demandas en ella contenidas.

Alicante, a 28 de septiembre de 2021

Descargar el documento en formato pdf.

Página actualizada el 29-09-2021 a las 23:00 horas

Pleno

Nuevo vocal CTRM

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) nº 223, de fecha 25 de septiembre de 2021, publica la Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de septiembre de 2021, y a la vista de la propuesta efectuada por el Presidente del Consejo de la Transparencia, se nombra a D. Francisco Álvarez García como miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por un periodo de cuatro años.

Doctrina

El interés meramente particular no es un límite para…

Por su importancia en las resoluciones que tramita el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que persiguen un interés privado o particular, y es necesario conocer la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 12/11/2020 (Recurso de Casación nº 5239/2019), que establece DOCTRINA sobre el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LÍMITES Y CAUSAS DE INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES.

El CTRM debe ser riguroso en el cumpliendo la doctrina del Tribunal Supremo, observando estas 5 conclusiones sobre los límites al derecho de acceso y causas de inadmisión para desestimar por abusivas las solicitudes de información que persiguen un interés privado o particular:

  • La delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven.
  • En el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, no se hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud.
  • La falta de justificación o motivación no puede, por si sola, fundar la desestimación de la solicitud, de lo que se sigue que la expresión en la solicitud de una justificación basada en intereses “meramente privados”, tampoco puede por si sola ser causa del rechazo de la solicitud.
  • No puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”.

Las cuestiones que según la sentencia del Tribunal supremo presentan interés casacional, son las siguientes:

1.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública o, en los términos del artículo 105.2 CE, el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceder a los archivos y registros administrativos, se regula por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según reconoce de forma expresa el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Los artículos 14 y 18 de la Ley 19/2013 se refieren a los supuestos distintos de -respectivamente- límites al derecho de acceso y causas de inadmisión de la solicitud de acceso a la información. En el caso de los límites, la propia Ley 19/2013 contempla supuestos distintos a los enumerados en el artículo 14, como los derivados de la protección de datos personales a que se refiere el artículo 15, todo ello sin perjuicio de las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública que detalla la disposición adicional primera. Respecto de las causas de inadmisión del artículo 18, entre las mismas no se incluye la persecución de un interés meramente privado, y la atención a la finalidad de la norma opera como causa de inadmisión de la solicitud, de acuerdo con el artículo 18.1.e), en los supuestos de solicitudes en las que concurran los requisitos de presentar un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

A Favor: ADMINISTRADO.

En Contra: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Fuente: Reflexiones sobre el tema extraídas del blog de Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Ángel Blanes

Sanciones

La incoación del procedimiento sancionador

La sala de lo contencioso-administrativo sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado el pasado 26 de octubre de dos mil veinte, la sentencia n° 4293/2020, ante el recurso n° 95/2018, interpuesto por el Ayuntamiento de LLEIDA, contra la COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP).

ANTECEDENTES

La COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP) adoptó un acuerdo el 4 de enero de 2018 por el que se le solicitaba la incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la orden de ejecución de la resolución 112/2017 de 20 de abril.

La información solicitada a la que se refería la Reclamación 57/2017, era fundamentalmente de carácter económico y administrativo, y afectaba a la Compañía de Aguas de Lleida, desde el año 1994 hasta la actualidad. se solicitaba:

«1. Copia de las certificaciones de todas las inversiones realizadas por la concesionaria desde el año 1994, con el coste real de cada obra y la descripción técnica de la obra realizada. Dado que las inversiones realizadas por la compañía Aguas Lleida las cobra en diferido en el tiempo, y que según consta el importe pendiente es considerable, hay que suponer que la compañía ha recurrido al financiación propia o ajena. Ya que evidentemente estas cantidades han repercutido en el coste del servicio y en el [retraso] de las amortizaciones […] solicitamos: [2.] Copia de los contratos con terceros, por los financiados desde el año 1994, interés contratado , duración de la deuda, la deuda amortizada, deuda pendiente actualmente e intereses pagados, desde 1994 «.

2º. La información solicitada por la Reclamación 58/2017: «1. Copia de las comunicaciones trimestrales de las cantidades liquidadas y cobradas por los conceptos estipulados en el artículo 24 del pliego de condiciones presentadas en este Ayuntamiento desde el año 1994, en cumplimiento de la cláusula 25, apartado 1 del contrato. 2. Copia de los justificantes de las cantidades percibidas desde 1994 en concepto de incremento de la tarifa de saneamiento ingresada por la concesionaria a la Junta de Saneamiento (clausula 25, apartado 3).

3. Copia del resumen anual presentado por la concesionaria al Ayuntamiento de todas las liquidaciones trimestrales, con toda la información adicional y las memorias estipuladas en los apartados 1 y 2 de la cláusula 26 del contrato.

4. Copia de las justificaciones de las cantidades cobradas por amortización de las inversiones realizadas desde el año 1994 (cláusula 29, apartado 1.d, 1.f y apartado 3).

5. Copia del Decretos de autorización de la repercusión en el precio del agua para amortizar las inversiones en cumplimiento de la cláusula 29, apartado 1.d, 1.f y apartado 3″.

Dicha resolución fue notificada al Ayuntamiento de Lleida en fecha 21 de abril de 2017.

En fecha 30 de junio de 2017 y después de constatarse por la GAIP que no se había facilitado toda la referida documentación se formuló el correspondiente requerimiento de ejecución de la resolución en el siguiente sentido:

“Proveer inmediatamente la información, en caso de que no lo hayáis hecho aún, con la advertencia de que no hacerlo dentro del plazo o formato ordenado por la Comisión puede constituir un impedimento u obstaculización deliberado del acceso a la información y derivar en las responsabilidades asociadas a la infracción tipificada como muy grave por el artículo 77.2.b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. «- Informar con carácter inmediato la Comisión de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución de la Resolución. Debe saber que, de lo contrario, se hará difusión pública desde la web de la GAIP ( www.gaip.cat ) del incumplimiento «.

Dicho requerimiento fue notificado al Ayuntamiento de Lleida en fecha 3 de julio de 2017 y no consta que con posterioridad haya facilitado documentación alguna.

El recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lleida considera que la resolución recurrida no es ajustada a derecho por cuanto entiende que la GAIP no tiene competencia para requerir al Ayuntamiento para que incoe un procedimiento sancionador, así como que el Ayuntamiento de Lleida no ha cometido la infracción muy grave imputada ya que facilitó toda la documentación requerida, por lo que solicita la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.

La sentencia deja bien claro que la desatención de los requerimientos de la Comisión puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A este efecto, la Comisión puede poner estos hechos en conocimiento de los órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a que hace referencia el artículo 86 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Es más, la sala advierte de la GAIP no imputa al Ayuntamiento de Lleida como recurrente la comisión de infracción alguna, sino que se ponen en su conocimiento unos hechos que podrían constituir una infracción, para que incoe el oportuno expediente sancionador y se diriman en el mismo las posibles responsabilidades, puesto que el mismo ayuntamiento reconoce que la información facilitada con anterioridad al requerimiento, era incompleta puesto que con posterioridad al mismo se ha facilitado nueva documentación en fechas 11.1.2018 y 24.1.2018, lo cual evidencia la desatención a dicho requerimiento, sin perjuicio de que tal conducta pueda valorarse en el correspondiente expediente cuya incoación se solicita.

Quedando por tanto el recurso presentado por el Ayuntamiento de Lleida desestimado.

EL FALLO DE LA SALA

1.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE LLEIDA contra la resolución de la COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP) de fecha 15 de febrero de 2018 que rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Lleida contra el acuerdo de 4 de enero de 2018 por el que se le solicitaba la incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la orden de ejecución de la resolución 112/2017 de 20 de abril.

2.- IMPONER a la parte actora las costas del presente procedimiento con un límite máximo, por todos los conceptos de 3.000 euros.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.

Texto de la sentencia STSJ CAT 4293/2020

Transparencia

IT Región de Murcia

Avance del proceso.

Concluida la 3ª prorroga que de forma extraordinaria amplió el plazo previsto para rendir la información anual de la transparencia de las instituciones y entidades públicas de la C.A. de la Región de Murcia, a través del Índice de Transparencia de la Región de Murcia (IT-Región de Murcia), es oportuno rendir cuentas del estado general del proceso:

Un total de 47 entidades han realizado la autoevaluación entre el periodo voluntario y las diferentes prorrogas para efectuar la misma. Por entidades el desglose es el siguiente:

  • 25 Ayuntamientos de la Región de Murcia:
    • Ayuntamiento de ALGUAZAS.
    • Ayuntamiento de YECLA.
    • Ayuntamiento de MOLINA DE SEGURA.
    • Ayuntamiento de CARTAGENA.
    • Ayuntamiento de ALCANTARILLA.
    • Ayuntamiento de ÁGUILAS.
    • Ayuntamiento de LAS TORRES DE COTILLAS.
    • Ayuntamiento de TORRE PACHECO.
    • Ayuntamiento de MULA.
    • Ayuntamiento de CARAVACA.
    • Ayuntamiento de CEHEGÍN.
    • Ayuntamiento de LORCA.
    • Ayuntamiento de VILLANUEVA DEL SEGURA.
    • Ayuntamiento de TOTANA.
    • Ayuntamiento de MURCIA.
    • Ayuntamiento de SAN PEDRO DEL PINATAR.
    • Ayuntamiento de LA UNIÓN.
    • Ayuntamiento de SANTOMERA.
    • Ayuntamiento de CAMPOS DEL RÍO.
    • Ayuntamiento de LOS ALCAZARES.
    • Ayuntamiento de BULLAS.
    • Ayuntamiento de BLANCA.
    • Ayuntamiento de CALASPARRA.
    • Ayuntamiento de BENIEL.
    • Ayuntamiento de RICOTE.
  • 1 La Comunidad Autónoma al completo con todas sus entidades.
  • 3 Consorcios de la C.A. :
    • Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia.
    • Consorcio Extinción Incendios y Salvamento (CEIS).
    • Consorcio Gestión de Residuos Sólidos (COGERSOL).
  • 2 Corporaciones de derecho público:
    • Colegio de Abogados de Murcia.
    • Colegio oficial de Médicos.
  • 4 Entidades públicas empresariales de la C.A.:
    • Servicio Murciano de Salud (SMS).
    • Instituto de Fomento (INFO).
    • Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF).
    • Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR).
  • 2 Fundaciones de la C.A.:
    • Fundación para Formación e Investigación Sanitaria (FFIS).
    • Fundación Integra(FI).
  • 4 Organismos autónomos de la C.A.:
    • Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
    • Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
    • Agencia Tributaria.
    • Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).
  • 4 Sociedades mercantiles de la C.A.:
    • Cartagena Alta Velocidad, SA.
    • Murcia Alta Velocidad, SA.
    • Región de Murcia Deportes S.A.U.
    • S.A. de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA).
  • 2 Universidades:
    • Universidad de Murcia (UMU).
    • Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Por periodos, 26 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo voluntario:

Periodo voluntario
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS04/02/2021
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)12/02/2021
Universidad de Murcia15/02/2021
FUNDACIÓN PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA (FFIS)15/02/2021
Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia16/02/2021
AYUNTAMIENTO DE YECLA17/02/2021
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA17/02/2021
COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA17/02/2021
SERVICIO MURCIANO DE SALUD17/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA17/02/2021
Universidad Politécnica de Cartagena17/02/2021
Instituto de Fomento (INFO)18/02/2021
CARTAGENA ALTA VELOCIDAD, SA18/02/2021
MURCIA ALTA VELOCIDAD, SA18/02/2021
Fundación Integra(FI)18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA18/02/2021
Boletín Oficial de la Región de Murcia18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS18/02/2021
Consorcio Extinción Incendios y Salvamento (CEIS)18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO18/02/2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA18/02/2021
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE MULA18/02/2021
Agencia Tributaria18/02/2021
REGIÓN DE MURCIA DEPORTES S.A.U.18/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARAVACA18/02/2021
  • 9 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo de la 1ª prorroga:
1ª PRÓRROGA
AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN22/02/2021
Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF)24/02/2021
S.A. DE PROMOCION Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE LORCA (SAPRELORCA)24/02/2021
AYUNTAMIENTO DE LORCA25/02/2021
ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR)25/02/2021
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL SEGURA26/02/2021
AYUNTAMIENTO DE TOTANA26/02/2021
Consorcio Gestión de Residuos Sólidos (COGERSOL)26/02/2021
AYUNTAMIENTO DE MURCIA26/02/2021
  • 5 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo de la 2ª prorroga:
2ª PRÓRROGA
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR01/03/2021
Servicio Regional de Empleo y Formación-SEF04/03/2021
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN10/03/2021
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA12/03/2021
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO15/03/2021
  • 6 han sido las entidades que han efectuado la autoevaluación de las políticas de publicidad activa de las instituciones en el periodo de la 3ª prorroga:
3ª prorroga
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES29/03/2021
AYUNTAMIENTO DE BULLAS30/03/2021
AYUNTAMIENTO DE BLANCA31/03/2021
AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA31/03/2021
AYUNTAMIENTO DE BENIEL31/03/2021
AYUNTAMIENTO DE RICOTE01/04/2021

Con estos resultados ahora se inicia el proceso de verificación de la información por parte del Consejo de la Transparencia, y desde el mismo agradecemos el trabajo realizado por todos los que han participado en este proceso, que sin duda marcha un hito en la rendición de cuentas de las administraciones públicas en la Región de Murcia.

Datos actualizados el 01/05/2021

Criterio interpretativo

Criterio Interpretativo C.005/2020

En la última sesión del pleno del Consejo de la Transparencia celebrada el pasado día 14 de septiembre, se aprobó el CRITERIO INTERPRETATIVO C.005/2020, sobre la competencia del CTRM para conocer y resolver reclamaciones en materia de acceso a la información pública, cuando se refieran a resoluciones expresas o presuntas, dictadas por las entidades locales de la Región de Murcia o entidades o instituciones de sus respectivos sectores públicos, así como para el control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de información mediante publicidad activa a través de sus respectivos portales de transparencia, así como su seguimiento y evaluación.

Pulse aquí para ver el texto íntegro del acuerdo.