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Criterio interpretativo

Criterio Interpretativo C.005/2020

En la última sesión del pleno del Consejo de la Transparencia celebrada el pasado día 14 de septiembre, se aprobó el CRITERIO INTERPRETATIVO C.005/2020, sobre la competencia del CTRM para conocer y resolver reclamaciones en materia de acceso a la información pública, cuando se refieran a resoluciones expresas o presuntas, dictadas por las entidades locales de la Región de Murcia o entidades o instituciones de sus respectivos sectores públicos, así como para el control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de información mediante publicidad activa a través de sus respectivos portales de transparencia, así como su seguimiento y evaluación.

Pulse aquí para ver el texto íntegro del acuerdo.

El Consejo

D. Julián Pérez-Templado, designado para presidir el CTRM

D . Julián Pérez Templado, ha sido DESIGNADO ayer día 16 de septiembre, para presidir el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia por el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia.

El candidato D. Julián Pérez Templado, ha sido respaldado por los 24 votos a favor de los diputados de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Vox, frente a los 18 votos obtenidos por el candidato del Grupo Parlamentario Socialista, D. Emilio Martínez Navarro, entre los que se contaban los dos aportados por los diputados de la formación Unidas Podemos.

La designación del nuevo presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia se ha realizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.6 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación  Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tras la finalización del mandato del anterior presidente D. José Molina Molina, y ha necesitado una segunda votación al no obtener la mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara requerida en la primera vuelta.

En la misma sesión plenaria se ha procedido a la elección como vocal del citado Consejo de la Transparencia de D. Rafael Esteban Palazón, en representación del Grupo Parlamentario Mixto. Esteban Palazón ha sido elegido por 19 votos a favor y 24 en blanco.

Realizado este trámite, D. Julián Pérez Templado será NOMBRADO por el Consejo de Gobierno como presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, por un periodo de 5 años no renovable.

https://www.asambleamurcia.es/noticias/20200916/390717

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Despedida de D. José Molina Presidente del CTRM.

Todos los proyectos en el tiempo tienen un comienzo y un fin. Han pasado cinco años. Partimos de cero, o mejor de menos cero, porque el plan estratégico que nos trazamos fue torpedeado desde instancias gubernamentales con malas excusas legales. A pesar de ello lo termine desarrollando con la ciudadanía de esta región y de otras latitudes. Hoy puedo decirles que a pesar de todas las dificultades hemos llegado a la meta. Se cumple lo que Gandhi dijo hace mucho tiempo: todo lo que haces por mi sin mí, lo haces contra mí. Todo lo que desde el Gobierno han dicho que hacían por “el Consejo pero sin contar con nosotros” lo han hecho para laminar su independencia y sus funciones de control. Por nuestra parte, yo Como presidente de este Consejo, puedo asegurarles que todo lo he realizado muy participativamente y esa ha sido una seña de identidad. Ese compromiso con la ciudadanía lo hemos realizado con:

  • Un desarrollo del Derecho a Saber, para que la TRANSPARENCIA aporte a la sociedad las herramientas adecuadas para una rendición de cuentas y pueda fortalecer un instrumento necesario para el buen gobierno.
  • Hemos defendido la plena AUTONOMÍA del Consejo para ejercer sus funciones de control, lo cual ha sido un permanente conflicto con la Administración Regional. Y de todos son conocidos los desencuentros con las dos consejeras y los presidentes de la CARM, por defender que el derecho a saber de la ciudadanía es un principio de nuestros valores constitucionales y un bien público común y debe prevalecer sobre cualquier otra visión partidista.
  • Nunca hemos dejado de asesorar a las entidades obligadas en la legislación regional en materia de transparencia incluyendo a las entidades LOCALES y de su sector público en lo que han necesitado de este Consejo.
  • La PARTICIPACIÓN en los asuntos públicos, ha estado siempre presente como un instrumento básico para ejercer el derecho de acceso a la información. Y quiero resaltar que la actual configuración del Consejo, como un órgano participativo, en el que están representados los distintos sectores de la sociedad como grupos políticos, universidades, administración, sindicatos, federaciones, consumidores, etc., garantiza este derecho y no debe ser nunca aceptado un cambio por un organismo burocrático, retribuido, y falto de independencia. 
  • Que se debe potenciar la autonomía funcional, orgánica y la INDEPENDENCIA del Consejo de la Transparencia respecto de las entidades cuyo control tiene atribuido en esta materia, atribuyéndole personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar, reivindicaciones legales que están presentadas en la Asamblea y avaladas por el Defensor del Pueblo y otros informes jurídicos.
  • Que la «BRECHA DIGITAL» es un obstáculo para el ejercicio de este derecho del acceso de los ciudadanos a la información pública, y debemos minimizar los requisitos técnicos y formales existentes, mejorando todo lo que signifique un aumento de la comprensión y accesibilidad universal.
  • Y por último, decirles que en el Consejo de hoy, llevo una propuesta consensuada con todos los Consejeros para que este Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia vuelva a ejercer plenamente la competencia en relación con el control de las actuaciones que, desarrollan las entidades locales regionales que se paralizo en 2017, a instancias de un representante de la Administración Regional en este Consejo. se reinicia de nuevo el derecho a saber respecto de sus AYUNTAMIENTOS que había dejado a toda la ciudadanía de Murcia desde 2017 sin un derecho fundamental.

Y permítanme que como conclusión, resalte un valor fundamental: la INDEPENDENCIA. La persona que deba presidir el Consejo de la Transparencia, que es el máximo órgano de control de la publicidad activa y del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, NO puede ser propuesto para su designación por miembros del propio gobierno que tiene que controlar, es una aberración democrática y un claro abuso de poder, dándoles la razón a quienes clasifican de chiringuitos a todos los organismos carentes de independencia y que sirven de compensación a muchas cuestiones ocultas a la luz pública. En el Consejo de la Transparencia NADIE cobra absolutamente nada por su trabajo. Ni el presidente, ni los consejeros tienen asignada ninguna cantidad por el trabajo que realizan. Por favor desde sus Medios defiendan este sistema de trabajo no retribuido porque hay una sociedad expectante de desea conservar organismos participativos que sean un ejemplo para ir configurando una nueva sociedad y una función pública en donde no prima el incentivo económico sino la emoción de servir desinteresadamente a una ciudadanía que está sufriendo todas las limitaciones de los servicios, sus ineficiencias y lo que es peor, ver como la falta de ética de algunos arruinan la salud pública.

Y sobre la designación del nuevo presidente en la Asamblea Regional que próximo miércoles, 16 de septiembre se llevará a efecto, decirles que es un examen para la democracia regional. Se presentan dos candidatos, uno avalado por el propio gobierno y otro por la oposición. Yo fui propuesto por la oposición de hace cinco años y salí elegido sin ningún voto en contra. Deseo que los valores democráticos y de respeto a la ciudadanía que se van a poner a prueba frente a los de intereses particulares de un partido en el gobierno no prosperen. Yo dejo el cargo, y deseo que la independencia y transparencia salgan victoriosos, y les digo a Vds. para que lo trasmitan a la ciudadanía en sus medios, que regreso a la sociedad civil para seguir luchando por estos valores hasta que me queden fuerzas. Muchas gracias.

Descargue aquí el comunicado de prensa completo en formato pdf.

Pleno

Pleno 14 de septiembre

El próximo lunes 14 de septiembre, a las 10:30 horas, se celebrará por videoconferencia, pleno del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, con el siguiente orden del día:

  • Aprobación si procede del acta de la sesión 02/2020, número 26 de las celebradas por este CTRM el pasado día 20/07/2020  jueves.
  • PUBLICIDAD ACTIVA. PROYECTO IT-REGIÓN DE MURCIA. Programa de actuación para la evaluación y control de la publicidad activa, octubre-2020 marzo-2021.
  • Aprobación si procede del criterio interpretativo C.005/2020 sobre la competencia del Consejo sobre las entidades del sector público local.
  • Declaraciones y actos con motivo de la celebración el próximo día 28 de septiembre del Día Internacional del Derecho a Saber.
Pleno

Informe Proposición Ley Gobierno Abierto.

Atendiendo a la petición de informe que formuló al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, la Mesa de la Cámara de la Asamblea Regional, en relación con la Proposición de Ley 10L/PPL-0012 de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, se da público conocimiento del Informe que, en relación con dicho asunto, ha aprobado el Pleno del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, en su sesión celebrada el pasado día 20 de julio de 2020.

Acceso al informe.

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Comparecencia en la Asamblea Regional

El pasado día 13 de julio, compareció en la Asamblea Regional de Murcia, el Presidente del Consejo de la Transparencia, D. José Molina Molina, en la Comisión Especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social, y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia, al amparo de 10 establecido en el artículo 52.1.e) del Reglamento de la Cámara.

Puede descargar el texto íntegro de la intervención aquí.

Pueder ver su intervención en la rueda de prensa posterior pinchando sobre este enlace.

Red Comisionados

Málaga Declaración 2019

Declaración de los Consejos y Comisionados de la Transparencia

Miércoles 2 de octubre de 2019

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formularon en la ciudad de Cádiz, con ocasión del III Congreso Internacional de Transparencia, una declaración pública en apoyo de la transparencia y en demanda de un mayor apoyo a su labor por parte del resto de los poderes públicos y las Autoridades estatales, autonómicas y locales.

La Declaración de Cádiz, primera de esta naturaleza, contó con el apoyo explícito de los organizadores del Congreso de Transparencia y de 31 organizaciones de la sociedad civil, y tuvo repercusión en los medios, tanto digitales como convencionales y tanto a nivel estatal como autonómico y local.

La Declaración planteaba dos cuestiones fundamentales a los Gobiernos y Autoridades públicas. En primer lugar, la necesidad de continuar impulsando el cambio de paradigma que supone la transformación de la política y la actuación pública en una acción abierta a la ciudadanía y la sociedad a través de unas organizaciones y Administraciones Públicas propias del siglo XXI, ágiles, transparentes, flexibles y  en continuo y recíproco contacto con todos los agentes y sensibilidades sociales. Y en segundo lugar, demandaba la exigencia de garantizar el reconocimiento y el adecuado apoyo material a los Consejos y Comisionados de Transparencia, a nivel nacional y a nivel autonómico, si realmente se quiere lograr la transparencia de la actividad pública, tanto en su vertiente de publicidad activa como en la de garantía del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, así como la promoción y difusión de los valores y principios propios de esa cultura de la transparencia que desde hace casi cinco años las españolas y los españoles estamos decididos a implantar en nuestro sistema político y administrativo.

En estos momentos, transcurrido un año desde que se adoptó la Declaración de Cádiz, hemos de reconocer que no se ha obtenido la respuesta deseada. La política de transparencia continúa siendo una gran olvidada en la agenda de los gobernantes y los grupos políticos. Los Consejos y Comisionados de Transparencia no hemos sido dotados de medios adecuados, ni en el terreno de los recursos humanos ni en el de los económicos y materiales. El Consejo de Transparencia estatal continúa con una Presidencia interina que dura casi dos años. Y la resistencia al cambio de demasiados organismos e instituciones -que se prolonga incluso en el ámbito judicial- comienza a convertirse en un grave obstáculo para la eficacia de la actividad de los órganos garantes.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia somos conscientes de la dificultad de alcanzar acuerdos políticos que superen el actual bloqueo institucional, y de los obstáculos, no solo políticos sino también jurídicos y de orden constitucional, que esta situación supone para la adopción de decisiones a medio y largo plazo. Somos conscientes también de que, en un mundo cambiante y complejo como el actual, que se enfrenta a retos y desafíos inéditos en los ámbitos de la sostenibilidad, la  digitalización, la economía, los movimientos migratorios y sociales, la igualdad e, incluso, la demografía, no cesan de presentarse nuevas necesidades y urgencias que deben atenderse con preferencia a otras cuestiones y políticas públicas. En este contexto, las políticas de transparencia pueden aparecer como prescindibles o secundarias. Pero no lo son en absoluto, máxime en tiempos como los actuales, en que el fantasma de la corrupción ha vuelto a hacerse presente en la vida pública española y en los que crece la demanda social de regeneración democrática y gobierno ético de las instituciones. La transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información garantizan la rendición de cuentas de los gestores públicos y fortalecen la recuperación de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus dirigentes, debiendo prevalecer por ello en los programas y actuaciones de nuestros y nuestras gobernantes y constituir un objetivo prioritario e irrenunciable. 

Así, más allá de que todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, se hayan declarado comprometidos con la transparencia y el buen gobierno, lo cierto es que, pasada la efervescencia de la entrada en vigor de la ley, su implicación ha ido perdiendo peso en estos últimos años, y los Consejos y Comisionados de Transparencia se han resentido especialmente por ello, al crecer exponencialmente la demanda de la ciudadanía de su amparo por la vulneración de su derecho a saber, sin que reciban de los poderes públicos la adecuada dotación de medios para satisfacerla. Por ello, debemos llamar la atención pública y advertir de que dejar morir de inanición a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la opacidad de las administraciones públicas, es una decisión política que, si no responde a la intención de eludir su control, en cualquier caso, tiene ese efecto.

Es cierto que, en estos momentos, la política de transparencia que se inició en nuestro país casi cinco años atrás, ha quedado parcialmente superada  por la evolución de los  acontecimientos y las preocupaciones sociales. Una política diseñada para impulsar la apertura de nuestras instituciones, Administraciones Públicas y entidades privadas de relevancia social o perceptoras de fondos públicos, y garantizar su funcionamiento abierto a la mirada y al escrutinio de la ciudadanía, se ha visto desbordada por la aparición de nuevos requerimientos de integridad pública y lucha contra la corrupción y de participación ciudadana, que han puesto sobre la mesa distintas demandas adicionales a la transparencia en sí misma considerada. Estas demandas van de la regulación de los grupos de interés a la protección de los denunciantes o la persecución de las malas prácticas en la contratación pública o la política de subvenciones de las Administraciones.

Hoy día es necesario conectar la transparencia con las medidas de Gobierno Abierto, el establecimiento de Códigos Éticos en las personas públicas y privadas, la apertura de registros de lobbies y lobistas, la publicación de las agendas de trabajo de los Altos Cargos y Autoridades públicas e, incluso, con las modernas tecnologías basadas en el big data y la inteligencia artificial que permitirán a las Autoridades de control y a los órganos de garantía conocer de antemano, a través de sistemas de alerta temprana, los puntos de los procesos de trabajo y los procedimientos administrativos en que pueden producirse  desviaciones de la normativa o prácticas fraudulentas o corruptas.

También es el momento de incorporar al ordenamiento jurídico un sistema de protección e indemnidad a aquellos ciudadanos que tienen evidencias de prácticas corruptas, para que contribuyan a formar una red pública de vigilancia contra la corrupción pública o privada. Y es hora de avanzar en el desarrollo teórico y jurídico de conceptos en los que se trate la transparencia, la participación, la ética pública o el gobierno abierto como diferentes manifestaciones de un mismo “poliedro”; caras de un mismo “proyecto de la transparencia”. No es conveniente tratar separadamente aspectos de una misma realidad pues ello distorsiona la solución integral y global del problema.

Desde este punto de vista, tal vez haya llegado el momento de redefinir la política establecida por nuestra Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública de 2013 y las leyes autonómicas dictadas en desarrollo de la misma y coordinarla con las otras políticas anticorrupción y de participación ciudadana puestas en práctica por determinados Gobiernos e instituciones públicas.

En esta nueva definición es esencial que, los Consejos y Comisionados de Transparencia tengan un escenario de fortalezas y una estructura que reduzca las, hasta ahora, debilidades que se evidencian, muchas de ellas por una deficiente e insuficiente regulación de esos órganos de control.

Así mismo, para una democracia más auténtica, se tiene que potenciar la demanda de transparencia en la ciudadanía y para ello nada mejor que instrumentar legalmente, la participación ciudadana en los Consejos y Comisionados mediante fórmulas de colaboración, auditoría ciudadana y control basadas en mecanismos de voluntariado, ejercitando una mediación que aumenta la calidad de las instituciones.

En todos estos ámbitos, los Consejos y Comisionados de Transparencia podemos jugar un papel clave. Primeramente, por la experiencia y know how acumulados durante nuestros casi cinco años de actividad. Y, adicionalmente, por representar un entramado institucional y orgánico ya implantado y presente en este área de actuación que podría ampliarse o reorganizarse para optimizar cara al futuro la funcionalidad de la actuación pública y la eficiencia del gasto público, haciendo innecesaria la creación de nuevas instituciones u organismos públicos.

En cualquier caso, la visión y las perspectivas de futuro no deben hacernos olvidar las actuales circunstancias. La transparencia es hoy un hecho y una conquista de nuestro sistema democrático, que está presente desde hace cinco años en nuestro proceso público, consolidándose en nuestras instituciones y nuestras Administraciones de forma lenta pero decidida, mediante la labor silenciosa y continuada de muchas Autoridades y organizaciones políticas, servidores públicos, instituciones de control y garantía, organismos y entidades públicas, profesionales de los medios de comunicación, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y, cómo no, ciudadanos y ciudadanas individuales, preocupados por la calidad y buena salud de nuestra democracia. 

Baste decir que, en el ámbito interno, a lo largo de 2019, se ha aprobado una nueva Ley de Transparencia (la de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid) y se ha dado un crecimiento más que considerable de las visitas a los portales de transparencia estatales, autonómicos y locales y del volumen de datos e informaciones publicados por éstos y un incremento significativo de las reclamaciones planteadas a los Consejos y Comisionados, que apunta a consolidarse en el futuro como una tendencia y a llevar el ejercicio del derecho de acceso en España a estándares homologables internacionalmente.

Es por ello que hoy, a través de esta declaración pública, los Consejos y Comisionados de Transparencia, reunidos una vez más con ocasión de la celebración de un nuevo Congreso Internacional de Transparencia:

1º.- Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública

2º.- Igualmente reiteramos la demanda de apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de nuestras organizaciones y su dotación de recursos,

3º.- Ponemos de manifiesto la necesidad de que se nos conceda un protagonismo cierto y efectivo en la propuesta y puesta en práctica de las medidas que puedan diseñarse en el futuro para ampliar el campo de la normativa actual, extremar el rigor en la lucha contra el fraude y las prácticas corruptas y responder de forma adecuada a las peticiones y demandas de la ciudadanía a favor de mayor transparencia en el funcionamiento de nuestras instituciones, de regeneración de nuestra vida pública y de mayor integridad en el comportamiento de nuestros gobernantes, representantes y toda clase de servidores públicos.

En Málaga, a 2 de octubre de 2019.

ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE MUESTRAN SU ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN

  • Access Info Europe
  • Asociación de Archiveros de Andalucía
  • Archiveros Españoles en la Función Pública
  • Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
  • Asociación de la Prensa de Madrid 
  • Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
  • Associació Ciutadania i Comunicación (ACICOM)
  • Asociación para la Comunicación. e Información Medioambiental (ACIMA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
  • Associació d´Arxivers i Gestors de Documents Valencians
  • Coordinadora de ONGD-España
  • Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
  • Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León
  • Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
  • Cuentas Claras
  • Economistas frente a la Crisis
  • Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
  • Fundación Ciencias de la Documentación
  • Fundación Cultura de Paz
  • Fundación Global Nature
  • Fundación Hay Derecho
  • Fundación NovaGob
  • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI – México)
  • Innovación y Derechos Humanos (Ihr.world)
  • Murcia Transparencia Independiente
  • Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez
  • Openkratio
  • Plataforma en Defensa de la Libertad de Información – PDLI
  • Reporteros Sin Fronteras – Sección Española
  • Sindicato de Administración Pública (SAP)
  • Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
  • Transparencia Internacional- España
  • ACREDITRA

Personas individuales:

  • Manuel Sánchez De Diego Fernández de la Riva
  • Miguel Ángel Blanes Climent