Europa

UE. Los sms son información pública

Fuente: https://www.ombudsman.europa.eu/es/recommendation/en/151678

La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, denuncia “la falta de transparencia” de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al negarse a difundir los mensajes de texto intercambiados con el CEO de Pfizer, mientras negociaba con el laboratorio estadounidense la compra de millones de vacunas COVID 19.

El defensor del pueblo europeo le ha recomendado a la Comisión que busque los mensajes de texto que se intercambió la presidenta de la Comisión con el CEO de Pfizer y valore su entrega al ciudadano que pidió esta información. 

Resulta que se pidió que se entregaran los mensajes de texto intercambiados entre la Presidenta de la Comisión y el CEO de Pfizer, con ocasión de la compra de millones de vacunas contra el COVID 19. Se denegó el acceso a la información y la Defensora del Pueblo Europeo, ha desmontado la «negativa» ya que entiende que es información pública y que debe de considerarse la petición.

El denunciante solicitó a la Comisión Europea el acceso público a mensajes de texto y otros documentos relacionados con conversaciones entre la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de la empresa farmacéutica sobre la compra de vacunas contra la COVID-19. La Comisión dijo que no podía proporcionar acceso a ningún mensaje de texto, ya que no se había mantenido ningún registro de dichos mensajes.

En el contexto de la investigación del Defensor del Pueblo, se supo que la Comisión no considera que los mensajes de texto generalmente entren dentro de sus criterios internos para el registro de documentos, debido a la naturaleza supuestamente ‘efímera’ de su contenido. Al tramitar la solicitud, había pedido a la oficina personal de la Presidenta de la Comisión (gabinete) que identificara únicamente los documentos que cumplieran sus criterios de registro. Como tal, la oficina personal de la presidenta de la Comisión no intentó identificar ningún mensaje de texto y, por lo tanto, la Comisión no evaluó si tales mensajes de texto debían divulgarse.

El Defensor del Pueblo considera que esto constituyó mala administración. Para abordar esto, recomendó que la Comisión solicite a la oficina personal de la Presidenta de la Comisión que busque nuevamente mensajes de texto relevantes, dejando en claro que la búsqueda no debe limitarse a documentos registrados o documentos que cumplan con sus criterios de registro. Si posteriormente se identifican mensajes de texto, la Comisión debe evaluar, de conformidad con el Reglamento 1049/2001, si el denunciante puede tener acceso público a ellos.

Recomendación

Sobre la base de la investigación de esta queja, el Defensor del Pueblo hace la siguiente recomendación a la Comisión:

La Comisión debe solicitar al gabinete del presidente que busque nuevamente los mensajes de texto relevantes, dejando en claro que la búsqueda no debe limitarse a los documentos registrados o documentos que cumplan con sus criterios de registro.

Si los mensajes de texto notificados existen y se identifican, la Comisión debe evaluar si se les puede conceder acceso público de conformidad con el Reglamento 1049/2001.

Se informará a la Comisión y al denunciante de esta recomendación. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión enviará un dictamen detallado a más tardar el 26 de abril de 2022.

Emily O’Reilly
Defensora del Pueblo Europeo

Estrasburgo, 26/01/2022

Ver la denuncia completa en: https://www.ombudsman.europa.eu/es/recommendation/en/151678

Actualizado el 27-02-2022

Europa

Reutilización de la información del sector público


Convalidación del Real Decreto-ley sobre reutilización de la información del sector público y datos abiertos

Origen de los datos: Iniciativa Aporta del portal datos.gob.es

¿Por qué un Real Decreto-ley?

En la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados celebrada el día 2 de diciembre de 2021 se ha convalidado el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de varias directivas de la Unión Europea, entre la que se encuentra la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Con esta nueva regulación se ha procedido a modificar las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

¿Cuáles son las principales novedades de esta regulación?

El contenido de la nueva regulación legal se centra sustancialmente a la incorporación de las previsiones de la Directiva de 2019 al texto de la Ley española de 2017, si bien es necesario tener en cuenta que aquellos preceptos de la misma que pudieran aplicarse directamente ya se encontraban vigentes desde la finalización del plazo para su transposición en julio de 2021. No obstante, al margen de actualizar algunas referencias legales ya desfasadas —en concreto en materia de protección de datos personales, régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo—, con ocasión de la transposición se han añadido algunas novedades relevantes que van más allá de la mera adaptación de la regulación europea. Así:

  • Desde el punto de vista de su ámbito subjetivo, la legislación será de aplicación a todas las entidades a las que, según los términos previstos en su normativa reguladora, les resulte de aplicación la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Este sería el caso, por ejemplo, de las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Pública cuando ejerzan potestades administrativas.
  • Se excluye expresamente de la regulación legal la reutilización de los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de protección de información sensible sobre infraestructuras críticas.
  • Por lo que se refiere a los datos de alto valor, junto a los establecidos por la Comisión Europea (es decir, geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente, meteorología, estadística, sociedades y propiedad de sociedades, así como movilidad), también se podrán especificar otros conjuntos de datos adicionales por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en concreto a través de la selección y actualización que lleve a cabo la División Oficina del Dato con la colaboración de los actores interesados, tanto públicos como privados. A este respecto es importante recordar que, con carácter general, estos datos estarán disponibles gratuitamente, serán legibles por máquina, se suministrarán a través de API y, cuando proceda, se proporcionarán en forma de descarga masiva.
  • Cuando la puesta a disposición de forma gratuita de los datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de organismos y entidades de derecho público que deban obtener ingresos para financiar su actividad de servicio público, será la Administración Pública a la que estén vinculados, o de la que dependan, la competente para eximirles de dicha obligación. En consecuencia, tales organismos y entidades no podrían adoptar esta decisión por sí mismos.
  • El alcance del catálogo de información pública reutilizable se proyecta —al menos potencialmente— más allá del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, de manera que se exige al resto de entidades que decidan crear sus propios catálogos que sean interoperables con el nacional. Se trata de un instrumento cuya relevancia práctica se refuerza por cuanto, a través del mismo, se informará de los derechos previstos legalmente en materia de reutilización, se ofrecerán sistemas de ayuda y se pondrán a disposición los conjuntos de datos en formatos accesibles, fáciles de localizar y reutilizables.
  • En cuanto al sometimiento a las normas legales sobre procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización, las sociedades mercantiles, centros de enseñanza, organismos de investigación o entidades que realicen actividades de investigación quedarán exentos.
  • Desde la perspectiva organizativa, se establece la obligación de que cada entidad designe una unidad responsable de garantizar la puesta a disposición de su información. Entre las funciones que corresponderán a dichas unidades se encuentras las relativas a la coordinación de actividades de reutilización con las políticas existentes en materia de publicaciones, información administrativa y Administración electrónica; facilitar información sobre qué órganos son los competentes en cada ámbito; promover la actualización y la puesta a disposición de la información en formatos adecuados; así como el impulso de actividades de concienciación y formación.

En todo caso, en la citada sesión parlamentaria se decidió unánimemente proceder a la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley por la vía de urgencia, una de las posibilidades previstas por el artículo 86 de la Constitución a la hora de convalidar los decretos-leyes. En consecuencia, deberá procederse a la tramitación de una iniciativa legislativa siguiendo los cauces reglamentarios establecidos para este tipo de supuestos, lo que permitirá que los diversos grupos parlamentarios propongan enmiendas que, en caso de ser aprobadas, se incorporarían al texto definitivo de la legislación sobre reutilización de la información del sector público y los datos abiertos.


Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.


Fecha de actualización 02/01/2022

Europa

España firma el Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos…

24 de noviembre de 2021.- El Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa ha firmado el Convenio nº 205 sobre Acceso a Documentos Públicos del Consejo de Europa. Se trata del primer instrumento jurídico internacional con alcance general, que tiene por objeto reconocer el derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas.
La futura ratificación del Convenio del Consejo de Europa de Acceso a documentos públicos es una demostración del compromiso de España con la transparencia a nivel internacional.
Este Convenio entró en vigor el 1 de diciembre de 2020 para los diez países que lo habían ratificado a esa fecha: Finlandia, Noruega, Suecia, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Montenegro, Lituania, Estonia, República de Moldavia y Ucrania. Con posterioridad Islandia ha ratificado también el Convenio, por lo que a día de hoy son ya once los países –de los 47 que conforman el Consejo de Europa– en los que se encuentra en vigor el mismo.
El impulso de la ratificación del Convenio se incluyó en el año 2020 como uno de los compromisos de reforma del marco regulatorio de la transparencia dentro del Eje de Transparencia y Rendición de Cuentas del IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024, con el fin de visibilizar el compromiso de España con la transparencia a nivel internacional y provocar un efecto mimético en otros países.
Esta actuación, como el compromiso en el que se inserta, está directamente relacionada con las demandas de mejora de la ciudadanía, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las Administraciones Públicas, la doctrina y la jurisprudencia, y tiene relevancia respecto a los valores del Gobierno Abierto porque la transparencia constituye uno de los pilares esenciales del mismo, a través del escrutinio de la sociedad sobre la información pública.
Mediante la firma del Convenio, España pone de manifiesto su compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia, la gobernanza democrática y la democracia participativa, así como su voluntad de promover la confianza de los ciudadanos en las autoridades. El derecho a acceder a documentos oficiales de las autoridades públicas es esencial para la transparencia, la buena gobernanza, la libertad de expresión y la democracia participativa, y facilita el ejercicio de otros derechos humanos y libertades fundamentales.
El texto de la vigente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se inspiró en buena medida en este Convenio de acceso a documentos públicos. Las disposiciones de la norma están alineadas con el contenido de ese Convenio. Durante la futura tramitación de la modificación de la ley de transparencia, la norma puede mejorarse a la luz de ese instrumento internacional.
El próximo paso en la tramitación del Convenio será su elevación al Consejo de Estado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para recabar el informe sobre el proceso de ratificación.