Tribunales

Administración local y acceso a la información pública.

El acceso a la información pública que consagra la constitución en su artículo 105 se regulo en la Ley 19/3013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. Esta Ley, que tiene carácter básico, en su artículo 2 sujeta a su cumplimiento a las todas las Administraciones Públicas entre las que se incluye, expresamente a las entidades que integran la Administración Local.

En la Región de Murcia se promulgo la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana. En su ámbito de aplicación, esta Ley no mencionó a los entes del sector local, de manera que hubo quien interpreto que la falta de mención de los municipios y demás entidades locales y organismos de ellas dependientes no quedaban sujetas al régimen de control y reclamaciones ante el Consejo de Transparencia de la Región Murcia. Así, tras la consulta facultativa que efectuó la Consejería de Presidencia, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia dictaminó, con fecha 9 de febrero de 2017 (Dictamen 25/2017) que, el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia carecía de “competencia respecto de las Corporaciones Locales de la Región, tanto para resolver las reclamaciones a que se refiere el artículo 24 Ley de Transparencia Estatal  como para controlar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a publicidad activa”.

Este dictamen llevo al Consejo de transparencia de la Región de Murcia a inadmitir sistemáticamente las reclamaciones que se le presentaban pidiendo acceso a información pública de los ayuntamientos y demás entidades de ellos dependientes.

Una de estas inadmisiones fue la que llevo a UGT a plantear su revisión ante la jurisdicción contenciosa. La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia en su sentencia nº 63/20, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, desestimó el recurso.

No obstante, el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, viendo que no se daba ninguna solución a la omisión del artículo 5 de la LTPC, que no incluía expresamente a los entes de la Administración Local,  en cumplimiento de las funciones que le otorga el artículo 38 de la LTPC, y haciendo una interpretación favorable al derecho de transparencia, conforme al artículo 103 b) de la Constitución y a la LTAIBG, se reconoció competente respecto de la Administración Local de la Región de Murcia, aprobando en su sesión número 27, celebrada el día 14 de septiembre de 2020, el correspondiente Criterio Interpretativo C.005/2020,  reconociéndose competente para atender las reclamaciones de acceso a la información pública y el control y evaluación de la transparencia de los entes locales de la Región, como venía haciéndolo con anterioridad a febrero de 2017.

UGT recurrió la Sentencia del TSJ de Murcia y el Tribunal Supremo ha estimado el recurso anulando aquella sentencia, entendiendo que por vía interpretativa, desde una perspectiva integradora de la normativa estatal con la normativa autonómica, cabe inferir que el legislador estatal ha establecido un modelo regulatorio común de las reclamaciones formuladas contra los actos denegatorios de acceso a la información adoptados por los Entes locales, que impide que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal o los Consejos de Transparencia de las Comunidades Autónomas puedan abdicar de sus potestades de control de la actividad de los Entes locales en esta materia, creando espacios exentos de control que diluyan la protección debida de este derecho.

La Sentencia del Tribunal Supremo se refiere al criterio interpretativo que adopto el Consejo reconociéndose competente para la cuestión  objeto del litigio pero aún así, entiende el Tribunal que mientras no se modifique la legislación de la Comunidad Autónoma podrían suscitarse dudas sobre la constitucionalidad del precepto cuestionado que pudieran causar indefensión al ciudadano que pretende ejercitar una acción de reclamación ante dicho Organismo para acceder a la información denegada por un Ente local perteneciente dicho ámbito territorial.

De manera que el Tribunal Supremo no deja lugar a la duda respecto de la competencia del Consejo de transparencia de la Región de Murcia para ejercer sus competencias sobre los entes que integran la Administración Local.

Ver la sentencia completa:

Tribunales

Electos locales y el acceso a la información pública.

El TS ratifica el criterio de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP): los electos locales pueden presentarle reclamaciones de acceso a información pública.

Fuente: Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) Cataluña

El Tribunal Supremo, en su sentencia STS 312/2022, ha reconocido a los electos locales el derecho a usar la vía de la reclamación ante los órganos de garantía creados por la ley de transparencia, tal y como viene entendiendo y aplicando la GAIP desde su creación.

La sentencia establece jurisprudencia al declarar que el carácter supletorio de la legislación de transparencia establecido tanto por la ley catalana como por la ley básica en la Disposición Adicional Primera.2, habilita el uso del sistema de garantías de la ley de transparencia en otros regímenes jurídicos especiales de acceso a la información, como el de los miembros de las Corporaciones locales, y cierra así una discrepancia existente entre los diferentes órganos de garantía respecto de la admisión de reclamaciones de concejales y concejalas, inclinándose a favor de la tesis mantenida por la GAIP, a cuyo amparo ha resuelto alrededor de un millar de reclamaciones de miembros de Ayuntamientos, Consejos Comarcales y Diputaciones Provinciales.

Con la sentencia finaliza el largo recorrido de oposición de la Diputación de Girona contra varias resoluciones de la GAIP de julio de 2016, que ampararon el derecho a la información de uno de sus miembros y contra las que interpuso recurso, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya fue desestimado por el Tribunal reconociendo la competencia de la GAIP en su sentencia STJC 1074/2019 , y después ante el Tribunal Supremo, que lo admitió en interés casacional y que ha finalizado también con la desestimación del recurso de la Diputación de Girona y el establecimiento del criterio jurisprudencial sobre la correcta interpretación de la Disposición Adicional Primera.2 de la ley de transparencia y la posibilidad de utilizar el mecanismo de reclamación y garantía de la ley de transparencia supletoriamente también en el caso del acceso a la información esté sometida a régimen jurídico especial.

Consulte la sentencia íntegra.

Tribunales

El CTRM se ve obligado acudir a los tribunales.

El Consejo ha impugnado ante los tribunales la convocatoria realizada por la Consejería de Económica, Hacienda y Administración Digital para la provisión de los puestos de trabajo de la Oficina del Consejo, concretamente el de Jefe de Negociado y el de Secretario Particular del Presidente del Consejo. Puede consultar la plantilla del Consejo aquí.

La plantilla del Consejo que fue aprobada por el Pleno en su sesión celebrada el pasado día 23 de noviembre, contempla que los puestos de trabajo que la integran se provean por cualquier funcionario de cualquier administración pública. Estos puestos han de ser convocados, obviamente por el Consejo.  

Sin embargo, la CARM, a pesar de que carece de competencias para ello, ha aprobado la convocatoria restringiendo la concurrencia exclusivamente a sus funcionarios, impidiendo de esta manera que otros funcionarios, de otras administraciones, puedan presentarse.   

Para salvaguardar y preservar la eficacia de los actos del Consejo, así como su independencia orgánica y funcional que la Ley le confía, la convocatoria ha sido impugnada ante la jurisdicción contenciosa.   

El hecho de que el Consejo únicamente estuviera servido por funcionarios de la CARM le restaría la neutralidad e independencia que debe presidir en toda su actuación. Al fin y al cabo la CARM es una del conjunto de entidades sujetas al control del Consejo, como el resto de entidades públicas de la Región, universidades públicas, entidades locales, colegios profesionales, y las demás sujetas por Ley. 

Ha de tenerse en cuenta que la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación ciudadana de la Región de Murcia que creó el Consejo, lo configuró como una entidad independiente, orgánica y funcional, para desarrollar su misión de controlar la transparencia de las entidades públicas de la región de Murcia. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el carácter independiente del Consejo, (Auto de 7 de abril de 2021), señalando que no se trata de un órgano integrado en una Consejería o dependiente de la Administración Regional, sino que tiene personalidad jurídica. Y desde luego, ha de disponer de la correspondiente autonomía, orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia con la que ha de actuar.