El código fuente de las AAPP

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya no se opone a la petición de CIVIO de liberar el código fuente del bono social.

FUENTE: CIVIO Novedades.

La institución cambia de postura y contradice a la Abogacía del Estado, quien presentó en su nombre una oposición al recurso de Civio a la última sentencia en contra.

Giro de guion en el litigio de Civio sobre la transparencia del código fuente. El pasado mes de febrero Civio presentó su recurso de apelación contra la sentencia que denegaba el acceso al código fuente de BOSCO. Esta aplicación, desarrollada por el Gobierno, es la que usan las empresas eléctricas para determinar si un usuario en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la normativa, puede beneficiarse de descuentos en su factura de luz. La pelota pasó entonces al tejado de las otras partes involucradas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Consejo de Transparencia, ambas representadas por la Abogacía del Estado y que, durante todo este proceso, se han opuesto a que nos den el código. Y algo se ha movido en el lado del Consejo .Los documentos del caso, en abiertoResoluciones, sentencias, recursos… Hacemos pública toda la información para que sea útil para otras personas y organizaciones.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no se opone ahora a la apelación presentada por Civio a la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo “por entender que dicha sentencia no se ajusta a derecho”, según un escrito de la nueva representación legal del Consejo, la que nos denegaba el acceso al código. Lo hace “por la existencia de un conflicto de intereses”, según este mismo documento, al no poder defender dos posturas que, ahora sí, son distintas. Antes, la Abogacía del Estado ya había presentado, en nombre del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) , su rechazo a nuestro recurso. Lo había hecho sin seguir los intereses o intenciones de su defendido, como aclara ahora en su escrito el propio Consejo.

La difusión del código fuente de una aplicación desarrollada por la administración supondría, según el juez de la sentencia que hemos recurrido, problemas tanto de seguridad pública, como defensa nacional y propiedad intelectual. En su argumentación, el magistrado dio por sentado, sin haber accedido al código ni comprobarlo, que BOSCO aplicaba tal cual la normativa de concesión de ayudas; pese a que demostramos fallos en su configuración que provocaron denegaciones del bono social a personas que sí tenían derecho a recibirlo. La sentencia desestimatoria incluía, además, una condena a Civio en costas de 2.000 euros. El recurso de apelación de Civio desmonta todos los argumentos de la sentencia que creemos –como ahora afirma también el Consejo de Transparencia– que no es justa.

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