El CTRM se ve obligado acudir a los tribunales.

El Consejo ha impugnado ante los tribunales la convocatoria realizada por la Consejería de Económica, Hacienda y Administración Digital para la provisión de los puestos de trabajo de la Oficina del Consejo, concretamente el de Jefe de Negociado y el de Secretario Particular del Presidente del Consejo. Puede consultar la plantilla del Consejo aquí.

La plantilla del Consejo que fue aprobada por el Pleno en su sesión celebrada el pasado día 23 de noviembre, contempla que los puestos de trabajo que la integran se provean por cualquier funcionario de cualquier administración pública. Estos puestos han de ser convocados, obviamente por el Consejo.  

Sin embargo, la CARM, a pesar de que carece de competencias para ello, ha aprobado la convocatoria restringiendo la concurrencia exclusivamente a sus funcionarios, impidiendo de esta manera que otros funcionarios, de otras administraciones, puedan presentarse.   

Para salvaguardar y preservar la eficacia de los actos del Consejo, así como su independencia orgánica y funcional que la Ley le confía, la convocatoria ha sido impugnada ante la jurisdicción contenciosa.   

El hecho de que el Consejo únicamente estuviera servido por funcionarios de la CARM le restaría la neutralidad e independencia que debe presidir en toda su actuación. Al fin y al cabo la CARM es una del conjunto de entidades sujetas al control del Consejo, como el resto de entidades públicas de la Región, universidades públicas, entidades locales, colegios profesionales, y las demás sujetas por Ley. 

Ha de tenerse en cuenta que la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación ciudadana de la Región de Murcia que creó el Consejo, lo configuró como una entidad independiente, orgánica y funcional, para desarrollar su misión de controlar la transparencia de las entidades públicas de la región de Murcia. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el carácter independiente del Consejo, (Auto de 7 de abril de 2021), señalando que no se trata de un órgano integrado en una Consejería o dependiente de la Administración Regional, sino que tiene personalidad jurídica. Y desde luego, ha de disponer de la correspondiente autonomía, orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia con la que ha de actuar.