Doctrina

El interés meramente particular no es un límite para…

Por su importancia en las resoluciones que tramita el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que persiguen un interés privado o particular, y es necesario conocer la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 12/11/2020 (Recurso de Casación nº 5239/2019), que establece DOCTRINA sobre el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LÍMITES Y CAUSAS DE INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES.

El CTRM debe ser riguroso en el cumpliendo la doctrina del Tribunal Supremo, observando estas 5 conclusiones sobre los límites al derecho de acceso y causas de inadmisión para desestimar por abusivas las solicitudes de información que persiguen un interés privado o particular:

  • La delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven.
  • En el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, no se hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud.
  • La falta de justificación o motivación no puede, por si sola, fundar la desestimación de la solicitud, de lo que se sigue que la expresión en la solicitud de una justificación basada en intereses “meramente privados”, tampoco puede por si sola ser causa del rechazo de la solicitud.
  • No puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”.

Las cuestiones que según la sentencia del Tribunal supremo presentan interés casacional, son las siguientes:

1.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública o, en los términos del artículo 105.2 CE, el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceder a los archivos y registros administrativos, se regula por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según reconoce de forma expresa el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Los artículos 14 y 18 de la Ley 19/2013 se refieren a los supuestos distintos de -respectivamente- límites al derecho de acceso y causas de inadmisión de la solicitud de acceso a la información. En el caso de los límites, la propia Ley 19/2013 contempla supuestos distintos a los enumerados en el artículo 14, como los derivados de la protección de datos personales a que se refiere el artículo 15, todo ello sin perjuicio de las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública que detalla la disposición adicional primera. Respecto de las causas de inadmisión del artículo 18, entre las mismas no se incluye la persecución de un interés meramente privado, y la atención a la finalidad de la norma opera como causa de inadmisión de la solicitud, de acuerdo con el artículo 18.1.e), en los supuestos de solicitudes en las que concurran los requisitos de presentar un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

A Favor: ADMINISTRADO.

En Contra: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Fuente: Reflexiones sobre el tema extraídas del blog de Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Ángel Blanes

Sanciones

La incoación del procedimiento sancionador

La sala de lo contencioso-administrativo sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado el pasado 26 de octubre de dos mil veinte, la sentencia n° 4293/2020, ante el recurso n° 95/2018, interpuesto por el Ayuntamiento de LLEIDA, contra la COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP).

ANTECEDENTES

La COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP) adoptó un acuerdo el 4 de enero de 2018 por el que se le solicitaba la incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la orden de ejecución de la resolución 112/2017 de 20 de abril.

La información solicitada a la que se refería la Reclamación 57/2017, era fundamentalmente de carácter económico y administrativo, y afectaba a la Compañía de Aguas de Lleida, desde el año 1994 hasta la actualidad. se solicitaba:

«1. Copia de las certificaciones de todas las inversiones realizadas por la concesionaria desde el año 1994, con el coste real de cada obra y la descripción técnica de la obra realizada. Dado que las inversiones realizadas por la compañía Aguas Lleida las cobra en diferido en el tiempo, y que según consta el importe pendiente es considerable, hay que suponer que la compañía ha recurrido al financiación propia o ajena. Ya que evidentemente estas cantidades han repercutido en el coste del servicio y en el [retraso] de las amortizaciones […] solicitamos: [2.] Copia de los contratos con terceros, por los financiados desde el año 1994, interés contratado , duración de la deuda, la deuda amortizada, deuda pendiente actualmente e intereses pagados, desde 1994 «.

2º. La información solicitada por la Reclamación 58/2017: «1. Copia de las comunicaciones trimestrales de las cantidades liquidadas y cobradas por los conceptos estipulados en el artículo 24 del pliego de condiciones presentadas en este Ayuntamiento desde el año 1994, en cumplimiento de la cláusula 25, apartado 1 del contrato. 2. Copia de los justificantes de las cantidades percibidas desde 1994 en concepto de incremento de la tarifa de saneamiento ingresada por la concesionaria a la Junta de Saneamiento (clausula 25, apartado 3).

3. Copia del resumen anual presentado por la concesionaria al Ayuntamiento de todas las liquidaciones trimestrales, con toda la información adicional y las memorias estipuladas en los apartados 1 y 2 de la cláusula 26 del contrato.

4. Copia de las justificaciones de las cantidades cobradas por amortización de las inversiones realizadas desde el año 1994 (cláusula 29, apartado 1.d, 1.f y apartado 3).

5. Copia del Decretos de autorización de la repercusión en el precio del agua para amortizar las inversiones en cumplimiento de la cláusula 29, apartado 1.d, 1.f y apartado 3″.

Dicha resolución fue notificada al Ayuntamiento de Lleida en fecha 21 de abril de 2017.

En fecha 30 de junio de 2017 y después de constatarse por la GAIP que no se había facilitado toda la referida documentación se formuló el correspondiente requerimiento de ejecución de la resolución en el siguiente sentido:

“Proveer inmediatamente la información, en caso de que no lo hayáis hecho aún, con la advertencia de que no hacerlo dentro del plazo o formato ordenado por la Comisión puede constituir un impedimento u obstaculización deliberado del acceso a la información y derivar en las responsabilidades asociadas a la infracción tipificada como muy grave por el artículo 77.2.b) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. «- Informar con carácter inmediato la Comisión de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución de la Resolución. Debe saber que, de lo contrario, se hará difusión pública desde la web de la GAIP ( www.gaip.cat ) del incumplimiento «.

Dicho requerimiento fue notificado al Ayuntamiento de Lleida en fecha 3 de julio de 2017 y no consta que con posterioridad haya facilitado documentación alguna.

El recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lleida considera que la resolución recurrida no es ajustada a derecho por cuanto entiende que la GAIP no tiene competencia para requerir al Ayuntamiento para que incoe un procedimiento sancionador, así como que el Ayuntamiento de Lleida no ha cometido la infracción muy grave imputada ya que facilitó toda la documentación requerida, por lo que solicita la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.

La sentencia deja bien claro que la desatención de los requerimientos de la Comisión puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A este efecto, la Comisión puede poner estos hechos en conocimiento de los órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a que hace referencia el artículo 86 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Es más, la sala advierte de la GAIP no imputa al Ayuntamiento de Lleida como recurrente la comisión de infracción alguna, sino que se ponen en su conocimiento unos hechos que podrían constituir una infracción, para que incoe el oportuno expediente sancionador y se diriman en el mismo las posibles responsabilidades, puesto que el mismo ayuntamiento reconoce que la información facilitada con anterioridad al requerimiento, era incompleta puesto que con posterioridad al mismo se ha facilitado nueva documentación en fechas 11.1.2018 y 24.1.2018, lo cual evidencia la desatención a dicho requerimiento, sin perjuicio de que tal conducta pueda valorarse en el correspondiente expediente cuya incoación se solicita.

Quedando por tanto el recurso presentado por el Ayuntamiento de Lleida desestimado.

EL FALLO DE LA SALA

1.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE LLEIDA contra la resolución de la COMISION DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (GAIP) de fecha 15 de febrero de 2018 que rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Lleida contra el acuerdo de 4 de enero de 2018 por el que se le solicitaba la incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la orden de ejecución de la resolución 112/2017 de 20 de abril.

2.- IMPONER a la parte actora las costas del presente procedimiento con un límite máximo, por todos los conceptos de 3.000 euros.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.

Texto de la sentencia STSJ CAT 4293/2020